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26 de Junio de 2018

LA AGENCIA QUE RECORTARÁ COBERTURAS DEL SISTEMA PÚBLICO, DE OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS Por María Quintero

Entrevista a Daniel Gollán sobre el proyecto AgNET de Cambiemos

Por María Quintero

Así como en todas las decisiones políticas de Cambiemos el fin último es la concentración de la riqueza, el achicamiento del Estado y la privatización, el sistema de salud de Argentina no será la excepción.

Desde comienzos del año 2016, el gobierno de Cambiemos busca sancionar una Ley para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AgNET) que tiene como objetivo el achicamiento del Programa de Médico Obligatorio (PMO) y que tendrá como consecuencia un fuerte impacto en el bolsillo de toda la ciudadanía y que profundizará la exclusión del sistema de los sectores más vulnerables. En connivencia con un sector de la CGT que negoció con el Gobierno Nacional este proyecto de Ley y emparentada y complementada con el proyecto de Cobertura Medica Universal (CUS), anunciado en octubre del año pasado por Mauricio Macri, la AgNET abre una peligrosa puerta hacia la privatización del sistema de salud argentino.

Mientras el gobierno nacional negocia con el FMI, por otro lado, estira su largo brazo de recorte y busca tratar esta semana, de manera urgente, el proyecto de Ley para la creación de la Agencia.

Como en muchos de los casos, las políticas públicas que incumben a los temas de salud requieren de un profundo análisis y una detallada explicación. Para ello, charlamos con el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, quien se explayó sobre las razones para oponerse al proyecto, sobre los orígenes de este tipo de Agencia en el resto del mundo, sobre el rol de la CGT y la contrapropuesta que existe desde el Frente Para La Victoria.

La primera pregunta obligada para comenzar a comprender el tema es ¿qué es una Agencia de Evaluación Tecnológica Sanitaria y cuál es su función?

Las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, nombre raro para la gente común, empezaron a gestarse en distintas partes del mundo, para darle cierta racionalidad al gasto en salud, habida cuenta de la voracidad de las compañías farmacéuticas multinacionales que han llevado a que, en esta última etapa, se estén desfinanciando todos los sistemas de salud del mundo a partir de precios que son imposibles de pagar. Precios que están además financiarizados, es decir, que el cálculo de la base del precio no se hace sobre el costo de investigación y desarrollo del producto, más una ganancia, más los gastos de marketing, sino que directamente se hace sobre la base de qué potencial máximo de ganancia puede dar ese producto en un corto tiempo.

Y esa es la base de la voracidad de las acciones de las empresas farmacéuticas, que luego ganan igual o más dinero por el lado de la especulación financiera con las acciones en las bolsas del mundo.
O sea que el negocio de los medicamentos de alto costo, en esta última etapa, es un negocio financiero.

Ante esa voracidad, que es un problema de todos los países del mundo, surgen distintas herramientas para controlar esto.
Una de esas herramientas, y que de todas formas no alcanza, ha sido la creación de Organismos que hacen una evaluación sobre el costo – efectividad. Es decir, que evalúan cuánto dinero se pone y cuán efectivo es el medicamento.

Esta evaluación tiene dos partes. Una tiene que ver con lo que te decía antes, con el precio del medicamento y el resultado que obtenemos con ese precio. Y la otra parte es la de la salud pública, hay muchos medicamentos en el mundo que no tienen efectividad comprobada científicamente y que se ponen como nuevos y que, en realidad, no son ni mejores ni peores de los que teníamos antes, pero sí se imponen como novedosos. Y hay una gran cantidad de mecanismos para hacer trampa a la investigación científica y poner como novedosas cosas que no lo son, pero que encima son carísimas y que te las venden como tratamientos muy caros.
Entonces, esta segunda parte de la evaluación es para cubrirse de ese problema que tiene que ver con brindar un medicamento que en realidad no es eficaz.

Para dejarlo más claro, ¿podría dar un ejemplo de ese funcionamiento de Costo- Efectividad de la evaluación y cómo afectaría a la sociedad?

Para ponerlo en algo entendible, si yo tengo un tratamiento que me dice que va a estirar 10-15 días la vida de una persona y encima a veces con mala calidad de vida y que vale 10 millones de dólares, la Agencia también discute eso. Y también se discute el precio en términos de lo que hablábamos antes evaluando de dónde sale semejante precio y por qué se cobran tan caros. Y entonces, ahí la Agencia puede opinar que el precio es indebidamente muy caro, porque se hace un estudio de lo que sale realmente desarrollarlo y fabricarlo.
Si no, lo que se genera es que un mismo medicamento que para desarrollarlo y producirlo cuesta en promedio, por ejemplo, 200 dólares, en la India se vende entre 800 y 2000 dólares y en Estados Unidos a 108 mil dólares.
Entonces, si de costo 200-300 en promedio, en el caso de la India que se vende entre 800 y 2000, cubre un margen de ganancia con todas las cosas que hay que agregarle a eso: la investigación, desarrollo y la producción. Pero en el caso de Estados Unidos cuesta unos 108 mil dólares, una cifra excesiva, porque en Estados Unidos el mercado se regula solo y el Estado no se mete.
Otros países como Inglaterra, por ejemplo, desarrollaron estas agencias y le dicen que no, que a ese precio, no.



Ese sería el funcionamiento de la Agencias. Pero ¿eso es lo que propone el gobierno con el Proyecto de Ley de creación de la AgNET (Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica)?

Como resumen de esta primera etapa, las agencias como herramientas para parar la voracidad de las multinacionales, hoy financiarizadas, son buenas, pero después entramos en la segunda etapa: qué propone el Gobierno de Cambiemos.
El gobierno argentino no quiere hacer una Ley que saque esos medicamentos de la circulación en el país, es decir, que no se puedan vender. Sin embargo, hay que sacarlos de circulación. ¿Por qué? Por una cuestión de sentido común.
Si yo digo que estos costos de efectividad no sirven, ¿para qué lo dejo en el mercado? ¿Para que la gente pague por algo que no le sirve? Entonces, por una cuestión de sentido común habría que decir que no, que si el máximo Organismo de Evaluación de un país de todas las tecnologías médicas está diciendo que ese tratamiento no sirve, entonces yo lo tengo que sacar de circulación para todxs.

Pero el gobierno no planteó eso. Para el gobierno es una cuestión simplemente financiera. Los que financian estos tratamientos, esta tecnología médica – tanto sea el Estado, las obras sociales o la medicina prepaga- no van a pagar más por esos tratamientos. Vos no lo vas a poder exigir ni en el Estado, ni en la Obra Social, ni en la Prepaga.
Porque hoy estos tratamientos están incluidos en lo que se llama en el Programa Médico Obligatorio, el famosos PMO, y lo que van a hacer, y lo dice taxativamente el artículo 3, es revisar todos estos medicamentos que quedan en el PMO. Es el objetivo.

O sea que la Agencia no solo va a evaluar lo que ingrese nuevo al PMO, sino que además van a revisar y quitar, si así lo deciden, los que ya están.

Claro, es peor.
No es que trabajan sobre no dejar ingresar lo que supuestamente no sirve, lo que la Ley dispone, simplemente, es que la obra social no te lo cubra.


Ahora, ¿cuáles son las múltiples diferencias que hay en nuestro país?
En nuestro país, el Estado no controla nada, con lo cual los médicos van a seguir prescribiendo esos medicamentos que ya no estén en el PMO porque están motivados por otras cuestiones, que tienen que ver con los estudios que ellos hacen, con lo que le dicen los visitadores médicos, con los estudios que plantean sus Asociaciones científicas.

En la Argentina, hay un criterio de que el médico hace a su buen saber y entender y es muy remiso a tomar protocolos establecidos por el Estado.

Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, a ningún médico se le ocurriría, dentro del Sistema de Salud inglés, prescribir un tratamiento, una tecnología médica, que la Agencia Nacional y el Sistema Nacional de Salud inglés le haya dicho que esto no se debe prescribir. En Argentina eso no pasa.
Tanto no pasa que, un ejemplo práctico lo tuvimos hace poco: El Gobierno retiró 160 medicamentos de la cobertura al 100% del PAMI, diciendo esto mismo de que el costo efectividad no estaba demostrado, es decir no estaba demostrado que sean buenos, que hagan bien, que sean positivos. ¿Qué hicieron? Los médicos siguieron prescribiendo esos medicamentos, muchos son para la artrosis, cerebro vascular, etc. Y otro dato es que de las pruebas de evaluación que se hicieron de esos 160 medicamentos, solo constaban las de 10 productos, sin embargo, quitaron 160.

Y el tema también es que, como te decía, acá los medicxs no respetan un protocolo que le diga ninguna institución del Estado, ni el PAMI, ni la obra social, ni nadie. Los médicos lo que hacen es decirle al paciente ‘yo le doy esto porque yo estudié que esto es bueno para usted’, y cuando el paciente le dice: ‘sí, pero no me lo cubre la obra social’, el médico le responde ‘bueno eso ya no es problema mío’.
Es decir, muchos médicos tienen en cuenta esta realidad, pero muchos, la mayoría te diría, no.

Esto es lo que pasó con el jubilado del PAMI, pero además con el problema de que el jubilado del PAMI, va con 5, 6,7 remedios y como por ahí hoy no le alcanza el dinero, porque subieron y se lo sacaron de la cobertura al 100%, y el día que va, por ahí le duele más la rodilla, prioriza el antiartrósico, y que por ahí es el que está cuestionado de que no le va a producir nada, y deja de tomar o toma la mitad del antihipertensivo… Todos los días que los farmacéuticos nos dicen que los jubilados van y compran lo que pueden y lo que les alcanza. Vemos en los consultorios como parten las pastillas y toman la mitad de las dosis porque no les alcanza.

Teniendo en cuenta la experiencia con lo ocurrido estos últimos años con la cobertura del PAMI y la situación de los jubilados respecto al acceso a los medicamentos y a la salud. ¿Cómo afectaría entonces la AgNET propuesta por el gobierno a la cobertura de salud de toda la comunidad?

Esto en una escala enormemente mayor va a pasar cuando vos vayas a hacerte un tratamiento de enfermedades que por ahí son más caros, como tratamientos oncológicos. Con lo que te vas a encontrar es que te van a decir: No, la Obra Social le cubre hasta acá, de acá en más paga usted, le cubre el tratamiento con estas drogas, si usted quiere otras más caras, las tiene que pagar usted.

Ahora, el eslabón más débil de todo esto es el ciudadano. Porque vos tenés 4 actores: la farmacéutica que te quiere vender, el Estado, la Obra Social o la Prepaga que te financian, el médico que te prescribe y el ciudadano, que ante eso no puede hacer nada. Porque le cree al médico y después tiene que salir a pagar como pueda porque se trata de su salud, de su vida. El Estado debería defender al más débil y no proponer que todo esto se ajuste a través del más débil. ¿Qué es que se ajuste a través del más débil? Que se aumente el gasto de bolsillo que vos tenés que realizar en salud, en cosas que ahora te cubren y que no te van a cubrir más.

Estos procesos traen, y acuérdese la gente, de que, si esto sale, mucha gente no va a entender de qué se trata, y lo va a empezar a entender cuando, sucesivamente, se encuentre con que un montón de prestaciones ya no se las cubren. Cosa que, de alguna forma, ya empezó a pasar con los copagos, los coseguros. Si esta Ley sale, van a tener que pagar un motón de tratamientos que hoy no están pagando porque están cubiertos por la Obra Social, la Prepaga o el Estado.

¿Cómo justifica el gobierno nacional la creación de esta agencia que va en contra de los intereses de lxs ciudadanxs?

Nos da mucho temor ver la exposición que hizo el ministro de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubistein, la semana pasada. Rubistein dijo que él es miembro de un Instituto que se dedica a hacer estas investigaciones de costo-efectividad y que lo que tienen determinado hasta ahora es: que un 10% de los productos del PMO no sirven para nada y hay que sacarlos del mercado y un 70% son dudosos, es decir, que no se sabe si lo que producen es más positivo que negativo o bien porque están indicados para determinadas patologías pero se están usando para otras.

¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vos tenés un tratamiento oncológico que esté aprobado y que en el mundo se ha registrado para el tratamiento de cáncer de pulmón, y que ahora lo están probando para cáncer de riñon, pero no está registrado en el país para ese uso. Que no esté registrado implica que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) tenga que hacerle un nuevo ensayo clínico para comprobar en base científica si es bueno para el cáncer de riñon, cuánto tiempo alarga la vida, en qué condiciones, etc. Bueno no se está usando así, se lo usa directamente. Y ¿qué pasa? Lo usan para eso nuevo y te lo dan y te lo cobra la obra social como si fuera para esas indicaciones.

Esto está bien que se quiera corregir, porque esto es irregular, pero, repito: la manera no es sacándolo del PMO y que lo tenga que pagar el paciente. Lo que tiene que haber es una Ley que prohíba que esta práctica se haga. Hay que hacer los ensayos clínicos como corresponde y si se prueba que también es útil para un cáncer de riñón que se haga toda esa fase antes.

Bueno, todo esto está armado así, como vos vas viendo, para que el paciente termine pagando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el ministro dice que el 10 % dicen no sirven para nada, el 70% que es dudoso y que solo un 20 % sirve. El único objetivo es sacar prestaciones que son gratuitas para el afiliado y que la tiene que pagar la obra social, la prepaga o el Estado y ponerlas del bolsillo de la gente.

Va a ser un impacto fuertísimo en el bolsillo de la gente, como ya se vio en los países dónde se aplicó este procedimiento de norma, de que el medicamento siga circulando en el país, que se registre por la ANMAT, pero no lo paga la obra social y los médicos y los profesionales de la salud lo siguen prescribiendo.

¿Cómo estará compuesta la administración de la Agencia?

A todo lo que hablamos, se suma que, por otro lado, la Agencia que propone el gobierno son 5 tipos puestos por decreto por el Presidente, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de idoneidad probada ni de independencia con los sectores interesados. Solo hay una propuesta de un Consejo Federal, el resto, todos los demás, son puestos a dedo por el Presidente.
Además, la Agencia no tiene estructuras como en otros lugares del mundo, en donde se apoya en una estructura fuerte técnicamente, porque es un Organismo que tiene que hacer evaluaciones que tienen que ver con determinar si realmente un medicamento, un tratamiento, una tecnología médica es buena o no y si puede o no salvar la vida de la gente. Se necesita una base con soporte técnica con fuerte impronta científica de investigación, de conocimiento de los ensayos clínicos, necesitan famarcólogos, necesitan bioquímicos. El diagnostico tiene que ser muy certero.
Bueno, acá ni siquiera tiene presupuesto. No se sabe si está contemplado en el presupuesto del año que viene, no se sabe de dónde van a salir los recursos. Y en este nuevo proyecto va a tener solamente un órgano que es consultivo con representantes de distintas organizaciones vinculadas a la temática, porque en el proyecto anterior, además tenía partes interesadas en el órgano consultivo, y era tan grosero que ahora las sacaron por todas las críticas que recibieron.

La sensación que nos da es que este grupo de 5 personas agarrará un trabajo que haya hecho este grupo de investigaciones del Instituto del que participa el ministro de Salud o algunos datos internacionales y, sobre esa base, van a tildar de todas las prestaciones que cubre el PMO, está no, está no, ésta no. Digamos que, rápidamente, sin tener una estructura fuerte de la Nación, van a empezar a sacar un montón de prestaciones.

Prestaciones que se seguirán prescribiendo como dijimos, entonces, si no le pones desde el Estado una barrera para que no se pueda comerciar y que no esté disponible para nadie, que no entre al país – porque estás diciendo que no sirve- y en cambio lo dejás en el mercado, lo que va a pasar es que la gente lo va a pagar de su bolsillo.

Este proyecto tuvo una primera versión, como usted mencionaba, en 2016 y fue rechazado. ¿Cuál es el camino que recorrió hasta entrar este año firmado por el senador Pinedo?

Digamos que el gobierno va tanteando por donde puede entrar. En 2016, cuando intentó hacerlo por el Senado, un grupo de legisladores del Frente Para la Victoria, a través de la senadora Liliana Fellner, presentamos un proyecto alternativo.
Ese proyecto planteaba que el Directorio fuera concursado y que la Agencia sacara de la circulación del país, previo a su registro, y que si ya estaba registrado, las quitara, a todas las tecnologías que considerase que no servían o que eran muy caras y que no tenían una acción terapéutica real o no redituaran en la salud de la gente positivamente.
Y, por supuesto, criticábamos el tema de las partes, que luego fue sacado; el tema de la justicia y el tema de los legisladores que se autolimitaban en su capacidad de acción.


En esa oportunidad, cuando se baja al recinto, muchxs senadorxs simpatizaron con el despacho en minoría, con el que se había presentado la senadora Liliana Felner, ante eso, rápidamente el senador Pinedo, en conjunto con el senador Pichetto, como veían que podían perder la votación en el recinto, sacaron el proyecto. Dijeron que se había tratado poco en comisiones, que había senadores que no habían participado de la Comisión de Salud porque estaban de viaje, etc.
Quedó congelado y lo intentaron poner nuevamente en la Reforma Laboral desde el artículo 105 para abajo, pero con la desprolijidad de que copiaron la primera versión, que es la que tenía todas estas cosas que estaban muy cuestionadas – como la cuestión de los directos interesados que iban a formar parte del consejo consultivo- y no la versión que tenía las modificaciones, la más edulcorada por ellos digamos.

Entonces, cuando con toda la resistencia que ya tiene el paquete de la Reforma Laboral, que tenían 3 partes, vuelven a desglosar, van para atrás y allí entran con el proyecto este, más edulcorado, ahora nuevamente en el Senado y al que quieren tratar rápidamente esta semana.

¿Cuál es excusa con la que el gobierno trató de meter esto con la reforma laboral?

Ahí hay un datito. Se preguntará la gente: ¿y qué tiene que ver esto con la reforma laboral? Y es que en realidad esto está consensuado con los sectores de la CGT, los sectores llamados independientes y con “los gordos”. Fundamentalmente, desde esos sectores, el único objetivo es aflojar un poco la tensión de los presupuestos de sus obras sociales.
¿Por qué?
Las obras sociales están cada vez peor, nunca estuvieron bien, pero hoy están peor, ¿por qué? Porque los salarios promedios aumentan muy por debajo de la inflación general y de la inflación de los productos médicos, que están casi todos dolarizados. Los salarios aumentan un 15% ó 20% promedio y los productos médicos un 35 % ó 40%, entonces, lo que recaudan – la recaudación es un porcentaje del salario- cada vez alcanza para menos. Aparecen los copagos, los coseguros, la gente va a buscar un turno y en lugar de dárselo al mes se lo dan para dentro de 2 o 3 meses, y así van ganando tiempo y menos prestaciones. Todo esto ya redunda en que la gente no puede esperar 2 o 3 meses el turno, entonces, saca plata de su bolsillo, saca para el copago, saca para el coseguro, saca para el medicamento, tiene la obra social cortada -muchas están cortadas a nivel país-, y va a la farmacia y tiene que pagar.
Ahora, no es la solución adecuada de la CGT, y yo se los he planteado, que ellos se saquen de encima el problema de las Obras Sociales y se lo pongan encima del bolsillo del afiliado, porque ellos son los que deberían defender el bolsillo de lxs afiliadx.
Entonces, si algo tiene que ver con el tema de la Reforma Laboral, es por este lado. Porque la CGT, incluso, forma parte del trío de la dirección de la La Cobertura Universal de Salud (CUS).

La CUS tiene un directorio, dos de la CGT, dos de la superintendencia y dos del ministerio. Es decir, ese sector de la CGT está con muchas ganas de sacarse de distender la presión del financiamiento de las Obras Sociales, que tiene por origen un achicamiento de la economía y del salario, pero no otra cosa. Y, en lugar de resolver, a mi parecer, como se debe responder, planteando una política de crecimiento del salario y de crecimiento del país, lo que plantean es ponerle más carga y tensión al bolsillo del afiliado que, obviamente, ya viene muy tensionado por el aumento de la energía, del transporte, todo el costo de vida. Entonces, ¿le vas a agregar un nuevo problema a lxs millones de argentinxs que tienen Obra Social y Prepaga? Que lo vaya sabiendo la gente de las prepagas también que, por los menos en los planes básicos, van a tener que pagar un montón de cosas que hoy no pagaban.


En octubre del año pasado Macri lanzó esta Cobertura Universal de Salud, ¿qué relación tiene eso con esta agencia?

La Cobertura Universal en Salud en Argentina es una cobertura universal en salud trucha. ¿Por qué te digo trucha? Porque la cobertura universal en salud, como proyecto sanitario, como proyecto de sistema de salud, se ha implementado en muchos países, en todos con muy malos resultados en términos de equidad. Vos podés decir que en Colombia tienen todos unos carnecitos y están cubierto. Ahora, ¿a qué pueden acceder con ese carnecito? A muy poquito de cobertura básica. En el sistema se acede por capacidad de pago, el que tiene cobertura básica enseguida la agota, agota los servicios que cubran las prestaciones.

Por otro lado, son meramente de atención, desaparece todo lo que es prevención y promoción. Fijémonos que el Gobierno está desarmando todos los programas en la Argentina de prevención y promoción de la salud nacional, en la provincia de Buenos Aires todo va en ese sentido, hacia la atención y la curación de la enfermedad que es el gran negocio de la salud, y no hacia prevenir. La idea es que la gente se enferme y “curarla” y si es posible hacer que la cura sea crónica para venderle muchos más remedios, mucha tecnología. Esa es la visión de la salud como un negocio.

Entonces, la primera cosa de la CUS es que es trucha. Porque ni siquiera es una CUS que sea un proyecto en el que se sepa de dónde saldrá el dinero, o que se va a financiar de tal manera, que el Estado va a entregar tanto a las obras sociales para la gente que no tenga Obra Social y que se atiende exclusivamente en el hospital o que las obras sociales van a financiar esto y esto y las prepagas otro tanto. Bueno, no. No hay presupuesto siquiera programado. Vos les preguntás cuál es el presupuesto, y no hay. Te van a decir hay 8 mil millones de pesos que se sacaron del Fondo Solidario, que todavía están ahí y no se han usado. Pero cuando vos calculas los 8 mil millones dividido 15 millones de personas que no tienen obra social ni prepaga, te da 44 pesos por día durante un año, y después se acaba la plata.
Dicen ‘bueno por ahí rescatamos unos dineros de un programa financiado por el Banco Mundial, todo es así’…

¿Cuáles son sus objetivos de la CUS y sus consecuencias?

El objetivo es que el Estado Nacional se retire y, a lo sumo, con algunos dineros que sobren circunstancialmente, año por año, les digan a las provincias: ‘le vamos a dar esto por persona que no tenga obra social en su provincia- que va a ser una cosa ínfima-, este es nuestro aporte a la canasta básica de prestaciones para la gente que no tiene obra social, el resto, háganse cargo ustedes’. Porque, en realidad, ellos sostienen que la salud es una responsabilidad, de acuerdo con la Constitución Nacional del ’94, de las provincias, y que el Estado Nacional debe achicar fuertemente su presencia en la salud e invertir -que para ellos es gastar- mucho menos de lo que hoy invierte el Estado Nacional, y que las provincias asuma el resto. Y todo esto lo estamos infiriendo, porque tampoco lo dicen, no dicen de dónde va a salir el dinero, no dice cómo será nada, lo único que dicen es que habrá una ficha electrónica y un carnecito. Y eso no es un sistema de salud.

Pero, además, esta CUS tenía otra patita. El proyecto dice que harán un recupero de costos de las prestaciones que el sistema público hace sobre quienes tienen obra social o prepaga. Esa es una resolución que dejamos nosotros en el Ministerio y es un aplicativo que no se está utilizando, y que es justo hacer. Este recupero se llevaría adelante a Prepagabas y Obras Sociales, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene Obra Social o Prepaga y que se atiende en el hospital público. Son miles esos casos, por ejemplo, la mitad de los partos que se hacen en el país se hacen en hospitales públicos y es gente que tiene obra social, o toda la accidentología se atiende primariamente en un hospital público.

Nosotros dejamos el aplicativo automático, para que no haga falta preguntarle a la persona si tiene o no obra social, sino que eso ya está todo digitalizado para que automáticamente se haga la acreditación.

Eso no se está utilizando. ¿Por qué? Porque la CGT lo que dice es que hasta que no salga la AgNET que descomprima los gastos de sus Obras Sociales, ellos no van a pagarle las prestaciones que hace el Sector Público sobre las Obras Sociales.Entonces, la moneda de cambio es: saquen la Agencia para descomprimir mis gastos y que lo pague la gente del bolsillo y nosotros vamos a acceder a pagar parte, y no todo lo que corresponde. Porque en realidad, el padrón de hospitales está muy achicado, nosotros le habíamos propuesto un sistema ágil de incorporación de hospitales y que se pudieran ingresar todos los sistemas de atención primaria del país a este sistema de recupero de costos del país. Bueno todo eso no va a ser así. Se van a quedar en los mil efectores que pueden cobrar y no con los más de los 8 mil en total que tendría que haber.

El requisito es que primero saquen la AgNET, por eso la CUS y la Agencia están emparentadas, porque si no, la CGT, que es la que va a tener que pagar las obras sociales nacionales y las prestaciones hechas en el Sector Público, no va a aceptar hacerlo. Primero pide que le descomprimen la caja quitando las prestaciones caras del PMO.

¿La CUS Y LA AgNET abren la puerta a la privatización de la salud?

Es un sistema de Cambiemos. En todas las áreas del gobierno tiende a la privatización y la herramienta central que tiene es el desfinanciamiento. Vos desfinancias la obra social, la gente tiene que empezar a pagar servicios de su bolsillo, privado. Vos desfinancias el hospital público, la gente tiene que empezar a pagar de su bolsillo, privado. Vos me dirás ¿qué pasa con el que no tiene? Eso no cuenta en el ideario de Cambiemos. Lo que para nosotrxs sería una pregunta insoslayable: ¿qué hacemos con el que no tiene, con el que no entra en el sistema? Ellxs te la contestan: canasta básica, cuando el Estado defina una canasta básica, le daremos eso.

Y todavía no está ni definida, pero no es un problema para el PRO, porque en la visión meritocrática de la sociedad, el más vulnerable no debe ser cubierto por el Estado. Porque en su concepción, si el Estado ayuda mucho, esa gente se achata y no quiere trabajar, son todos planeros, son todos vagos, borrachos, populistas, las chicas se embarazan por la AUH, no tienen derecho a tener obra social, no tiene derecho a tener celular, a irse de vacaciones, a usar luz, el gas, bueno, todo esto a lo que nos tiene acostumbrados. Y que a veces se les escapa públicamente. Tienen una concepción meritocrática.
Por supuesto que esa concepción está anclada en intereses económicos, no es una concepción neutra. Saben que son los intereses económicos que ellos sostienen, que son la concentración de la riqueza, y lo sostienen como filosofía, es el modelo norteamericano en contraposición claramente con el modelo europeo, sobre todo el que hoy persiste en los países escandinavos en los que el Estado formalmente se hace cargo de lo que el sistema deja afuera de sistema de producción. Esa es la visión nuestra, del peronismo, nacional popular, sostenemos que el Estado debe estar fuertemente corrigiendo lo que el mercado deja como imposibilidades de desarrollo, a aquellos que deja afuera, y eso está en las antípodas de sus pensamientos.

¿Qué posibilidades hay de que este proyecto no salga o de que se tome el proyecto que han presentado desde el FPV?

Nosotros aspiramos a que cuando suceda lo mismo que la otra vez, entre los dos proyectos muchas provincias acuerden con el nuestro.
Les pasa a muchas provincias de las llamadas chicas del interior, donde entre el 75 y el 90% de la gente se atiende en el hospital público, en el sector público de salud o en la obra social provincial. Hay que decirles, primera aclaración, está Ley es nacional y este gobierno presiona tremendamente al que no adscribe a sus proyectos, lo sanciona no mandándole recursos de todo tipo, etc. Entonces, los van a apretar muchísimo para que adscriban.
Ahora, en esas provincias, si se les niega el financiamiento a la gente que paga obra social, que es el 25-30% de la provincia, me va a judicializar o me va a entrar por el sector público. Es decir, va a ir al hospital público, y ahí le van a decir que la culpa es del Gobernador porque las dos cosas dependen de él. Políticamente, el cachetazo lo va a ligar el Gobernador. Entonces, cuando las obras sociales nacionales -que en esas provincias son el 10-15%- también les niegue la cobertura, la persona no hará un reclamo a la Nación sino que hará el reclamo donde vive. Para que se lo pague la provincia, después puede llegar al nivel nacional. Con lo cual las provincias van a tener un problema, porque la gente masivamente va a tratar de seguir teniendo la cobertura y que se lo paguen de alguna manera porque realmente no lo podrá pagar.

Esta nota fue publicada en : https://revistappv.com.ar/2018/06/26/8787/

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